Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 por cien De Los Inmigrantes Argelinos

La polémica política generada en el mes de septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de una treintena de argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados ya antes a disposición del juez de guarda, ha derivado en una movilización de los abogados de la región para exigir explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e incluso irregulares». Específicamente, el Colegio de Abogados estudia elevar una protesta ante el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del Partido Socialista Obrero Español), por el hecho de que solo 65 de los 509 inmigrantes llegados a la urbe en las 2 últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

Este colectivo profesional asimismo desea conocer los motivos por los que la gran mayoría de estas personas no fueron puestas a predisposición judicial, como sí se ha hecho en decenas de ocasiones durante los años. No es una medida ilegal, pues el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, pero lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para pedir autorización para el internamiento provisional, en el expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la ciudad el veinte de septiembre, el Municipio tuvo perseverancia a través de taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barna y Zaragoza, con el propósito de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, algunos intentarían alcanzar más tarde Bélgica y Alemania.

«No tenemos ni la más mínima idea de si les han tramitado los expedientes o bien si los han liberado directamente»

Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores de edad y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados frente al juez. extranjeria abogados Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda mas recóndita alternativa es que, al no haber lugar en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'. oficina de abogados de inmigracion

Críticas al «efecto llamada»

Tanto en un caso como en el otro, los abogados estiman que se trata de procedimientos no recomendables, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes tienen derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», esto es a que haya un control de su situación por la parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y agregan que quedan desprotegidos, en frente de posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los 18 años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para asistir a un detenido por otro tema mas no a estos.

El Colegio advierte de la posible vulneración de derechos de menores y de demandantes de asilo

Según los datos a los que ha accedido este diario, en datas no precisadas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasaron a predisposición judicial 106 inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 31 llegaron al Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena; 67 al de Instrucción 4; y ocho al de Instrucción 5. Esa cifra de ciento seis personas equivale al 20 por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y rescatados en ese periodo, frente a las costas de la Región, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el 80 por cien de los argelinos (un dato adelantado hace algunos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron frente al juez.

En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el socorro de un letrado. Sin embargo, los datos recabados hasta ayer por el Instituto de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.

La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza

El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Instituto, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad festejará en los próximos días una reunión para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la corporación reclamará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni la más mínima idea de de qué forma se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes a pesar de no haber asistencia letrada o bien si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y añadió que en el Colegio consideran que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -asimismo hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial totalmente brutal, aun de cara a la competencia del juez penal, si es precisa su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal.

En estas últimas 2 oleadas, la Policía logró que los jueces imputaran a un hombre sospecho de ser el conduzco o 'paterista' de una de las embarcaciones, como a seis por el asesinato por imprudencia de un niño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, por el hecho de que hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede producir una ocasional queja frente al Consejo de Europa. Este especialista señaló también que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con esto, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para asegurar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder el día de hoy a 'La Verdad' sobre su administración de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, PP, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial riesgo de enfrentamientos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración».

El dispositivo de hace un par de años

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, entre otras muchas cosas porque medio centenar de argelinos pasaron la noche del seis al siete de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Instituto de Abogados recordaron que, en el mes de octubre de 2017, anterior coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guarda, uno de ellos en el pabellón situado al Centro Integrado de FP Hespérides. Allí tomaron declaración a doscientos ochenta y cinco de los 534 inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los 150 trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

Los argelinos acabaron entonces en la prisión de Archidona (Málaga), en la mitad de una fuerte controversia por no estar habilitada como CIE. Quien era encargado gubernamental, Francisco Bernabé (del Partido Popular), había llegado al cargo exactamente porque el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.